La cruda realidad de los campamentos migrantes en Chile

Escribe: Gabriela Moreno*

Las imágenes son crudas. No hay ficción en alguna toma en las que se retratan las caminatas de viajeros desgastados por el calor, la hipotermia, la necesidad de agua, comida y un trabajo, después de perderlo todo en robos o en las pericias de la travesía. (X)

Detener el alza de la cifra de migrantes en los campamentos de Chile es una prueba de fuego para los cuatro años del gobierno de Kast, después de trascender que entre 2018 y 2025 la cantidad de extranjeros en ellos aumentó 267%, al pasar de 12.892 familias a 47.391 familias.

El catastro de los campamentos revela una cruda realidad en Chile: casi cuatro de cada diez familias que reside en asentamientos en zonas inhóspitas de la nación austral, sin servicios básicos, son migrantes. La tendencia significa que de las 120.584 familias en estas condiciones al menos 47.000 son extranjeros que cruzaron el altiplano andino. En concreto, los viajeros pasaron por el desierto de Atacama y el farellón costero, para terminar no solo con un futuro incierto sino con hogares improvisados en Iquique, Tarapacá y Alto Hospicio.

Dos grandes flujos regionales, como lo son el venezolano y el haitiano, están detrás del panorama que divulga en suúltimo informela organización Techo y plantea desafíos administrativos al gobierno de José Antonio Kast. La situación es compleja y ahora está documentada con rostro, nombre y voz en “Si vas a Chile”, un documental que aborda el drama habitacional de la ola migratoria. En especial, la provocada por el régimen chavista.

En este contexto, uno de los indicadores clave es el de contigüidad habitacional, que mide la relación entre la superficie total del terreno del asentamiento (en metros cuadrados) y la cantidad de viviendas. Este indicador se aplica a terrenos —privados, municipales o estatales— ocupados de manera irregular. Se considera crítico cuando la superficie disponible es igual o inferior al resultado de multiplicar el número de viviendas por 350.

Las imágenes son crudas. No hay ficción en alguna toma en las que se retratan las caminatas de viajeros desgastados por el calor, la hipotermia, la necesidad de agua, comida y un trabajo, después de perderlo todo en robos o en las pericias de la travesía.

Realidad sin filtros

Los testimonios, colectados entre 2019 y 2021 en la frontera chilena con Perú y Bolivia, conjugan la derrota, la rebeldía, frustración, rabia e intención de adaptarse de quienes en aquel momento enfrentaron lo desconocido para apostar por una vida fuera de su país de origen.

Si bien el tiempo pasó, hay indicadores que reflejan el impacto, entre ellosla tasa de pobreza, que en los campamentos de Chile es de 57,8%. Por otro lado, en el resto del país es de 17 %.

A partir del pasado 9 de abril cines y salas independientes desde Arica hasta Punta Arenas reproduciránel audiovisual dirigido por Amílcar Infante y Sebastián González. Sin embargo, la cinta deja a un lado la corrupción en los pasos limítrofes que hoy tiene al 60% de los campamentos del norte chileno. Esto incluye los de la Región Metropolitana compuestos por migrantes.

Detener el alza de la cifra de migrantes en los campamentos de Chile es una prueba de fuego para los cuatro años del gobierno de Kast. Esto sucede después de trascender que entre 2018 y 2025 la cantidad de extranjeros en ellos aumentó 267%. El número pasó de 12.892 familias a 47.391 familias.

El mandatario lo reconoce y lo posiciona como una de sus prioridades este 2026, tras conocerse que hay además 143.000 trámites de regularización pendientes en el sistema. Al menos 23.000 solicitudes de nacionalización están a la espera de un veredicto —12 mil de ellas presentadas por venezolanos que residen legalmente, trabajan y acreditan arraigo— y 46.000 expulsiones sin ejecución, como consecuencia del alto costo de los traslados.

Sobre el último punto, concretar las salidas mediante vuelos comerciales es difícil. Desde La Moneda revelan que una de las exigencias operativas implica designar a dos policías por cada expulsado. En números, significa destinar 3.000 dólares por cada deportado, para cubrir su boleto y el de los funcionarios que los custodiarán hasta su destino. Se requieren unos 94 millones de dólares para gestionar la totalidad de las órdenes.

Kast con escudo progresivo

Las estadísticas son poco alentadoras, considerando el 2019 se mantiene como el año con más procesos logrados luego de cerrar con 2.232 listos. Después, en 2020 bajó a 1.470 expulsiones hasta llegar en 2021 a 913.

Con ese panorama se despidió de la presidencia el fallecido jefe de Estado Sebastián Piñera. Su sucesor, Gabriel Boric, contabilizó 1.070 salidas en 2022 y 917 tanto en 2023 como en 2024. El año pasado, concretó 1.068 expulsiones desde el territorio nacional, de las cuales 828 fueron administrativas y 240 judiciales.

Cuatro mil expulsiones en promedio por cada mandato dejan ambos antecesores a Kast, quien aún no suma la primera. Antes de ello, comienza con una depuración Servicio Nacional de Migraciones que ya deja 26 desvinculaciones de funcionarios de la institución.

Su promesa es liderar un proceso progresivo de expulsiones. También, el mandatario apunta a mantener operativos masivos en Santiago, Aysén, Rancagua, Antofagasta y Chillán. Mientras tanto, se construye una zanja fronteriza cercana a los 600 kilómetros, con el cual cubriría del Hito 1 al 15.

* Gabriela Moreno, Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.

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Autor: Luis Hernando Granada C.