Escribe: Jaime Aparicio Otero*.-
La fragmentación ideológica ha sumido a la OEA en una encrucijada crítica. Una organización que en décadas pasadas jugó un papel crucial en la consolidación democrática de Latinoamérica, hoy parece secuestrada por una agenda que socava su eficacia. (X/Archivo)
Mientras Uruguay, a través del Embajador Washington Abdala, y los de Ecuador y Argentina, defendieron los principios democráticos, países como Antigua y Barbuda, México y Bolivia orquestaron el bloqueo con la complacencia de Brasil y Colombia. Esta actitud refleja cómo los intereses ideológicos se imponen sobre la defensa de los derechos humanos, erosionando la credibilidad de la OEA.
En una vergonzosa sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado 15 de enero, una coalición de países del Caribe, junto con Brasil, Colombia, Bolivia y Honduras, se negaron a escuchar el informe de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela, escudándose en fútiles pretextos procedimentales. Este episodio expone una preocupante crisis moral e institucional en el organismo, revelando la complicidad de ciertos gobiernos con regímenes autocráticos de la región. Es absurdo que estos mismos países, que proclaman su compromiso con la defensa de los derechos humanos, terminen apoyando, en la práctica, a quienes los transgreden de manera sistemática.
Desde la adopción del Protocolo de Washington en 1992 y la Carta Democrática Interamericana en 2001, la OEA ha proclamado como propósito esencial la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la actitud de algunos países demuestra una contradicción insalvable entre sus declaraciones y sus acciones. Lejos de honrar los principios democráticos, su inacción y apoyo tácito terminan por avalar a un régimen señalado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
El argumento utilizado repetidamente para bloquear la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue la tardanza en la entrega de la versión en inglés del documento, una excusa burdamente burocrática que deja en evidencia la intención deliberada de ciertos países de desviar la atención de la crisis venezolana. Se consumieron seis horas de debate estéril mientras millones de venezolanos continúan atrapados en una crisis humanitaria sin precedentes. Esta actitud expone la hipocresía de gobiernos que, mientras celebran cumbres en defensa de la democracia, en la práctica obstaculizan cualquier intento de proteger a las víctimas de regímenes represivos.
La sesión evidenció un claro contraste de posturas. Mientras Uruguay, a través del Embajador Washington Abdala, y los de Ecuador y Argentina, defendieron los principios democráticos, países como Antigua y Barbuda, México y Bolivia orquestaron el bloqueo con la complacencia de Brasil y Colombia. Esta actitud refleja cómo los intereses ideológicos se imponen sobre la defensa de los derechos humanos, erosionando la credibilidad de la OEA.
La fragmentación ideológica ha sumido a la OEA en una encrucijada crítica. Una organización que en décadas pasadas jugó un papel crucial en la consolidación democrática de Latinoamérica, hoy parece secuestrada por una agenda que socava su eficacia. La inacción y el cinismo de algunos de sus miembros la convierten en un instrumento de complicidad con regímenes autoritarios.
Países como Colombia, Brasil y México, enfrentados con el Secretario General de la OEA, han obstaculizado las iniciativas de Luis Almagro en defensa de la democracia en Venezuela y Bolivia. Esta resistencia conforma un bloque alineado con el Grupo de Puebla, junto a algunos países del Caribe beneficiarios del petróleo venezolano, frenando cualquier acción efectiva contra el régimen de Maduro. La OEA necesita una renovación profunda para seguir siendo un bastión de los principios democráticos y no una organización manipulada por Cuba y el Grupo de Puebla.
Estas actitudes dejan un peligroso precedente sobre la banalidad de los compromisos jurídicos internacionales y la liviandad con la que se reacciona ante flagrantes violaciones a la democracia. Cuando a la vista de todo el mundo se vulnera la integridad de una elección y se permite que una dictadura se apodere del gobierno mediante la fuerza bruta del narcotráfico y militares corruptos, el mensaje que se envía es devastador. Se normaliza la impunidad, erosionando la confianza en las instituciones internacionales y debilitando los esfuerzos globales por la defensa de los derechos fundamentales.
La crisis venezolana es una prueba crucial para la comunidad hemisférica. La indiferencia prolonga el sufrimiento del pueblo venezolano y envía un mensaje peligroso a otros regímenes con tendencias autocráticas. La defensa de la democracia no es opcional, sino un mandato moral y legal consagrado en la Carta Democrática Interamericana. Isaiah Berlin advertía que la democracia es la mejor garantía contra “la confusión espiritual e intelectual, el reinado de los prejuicios y la obediencia ciega a dogmas no examinados”. La OEA debe recordar que su razón de ser es la promoción de estos valores, y no el apaciguamiento de dictaduras disfrazadas de democracias.
Hoy, el futuro de la democracia en América Latina está en juego en Venezuela. La proliferación de democracias iliberales en Latinoamérica, que nacen de elecciones pero degeneran en regímenes autoritarios, amenaza con socavar décadas de avances democráticos en la región. Aristóteles advertía que la democracia degenera cuando se prioriza la legitimidad del voto popular sobre el ejercicio efectivo de un gobierno republicano, una lección que Latinoamérica no puede olvidar. Regímenes como el de Maduro perpetúan su farsa gracias a la complacencia de democracias occidentales que prefieren conformarse con apariencias. En lugar de insistir en pilares fundamentales como una prensa libre, independencia de poderes y un proceso electoral justo, optan por la inacción.
Es imperativo que los gobiernos comprometidos con la libertad y los derechos humanos redoblen esfuerzos para revitalizar la OEA y devolverle su papel como garante de la democracia. La indiferencia y la pasividad no son opciones. La historia juzgará a quienes, por conveniencia o cobardía, decidieron mirar hacia otro lado mientras una nación entera sucumbe ante el autoritarismo.
* Jaime Aparicio Otero, Embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos.
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