Oct 25.- Aunque no reciba salario, ser delegada del presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad Nacional inhabilita a María Alejandra Rojas Ordóñez a hacer política en su intención de llegar a la Cámara de Representantes.
La denuncia, que viene circulando en redes hace semanas, cobró mayor visibilidad tras la denuncia de la senadora Paloma Valencia (del Centro Democrático), quien instó a que la Procuraduría General de la Nación “abra una investigación contra María Alejandra Rojas, quien estaría desconociendo la prohibición de participar en política como particular que ejerce funciones públicas en el Consejo Superior de la Universidad Nacional”.
Rojas (fisioterapeuta y magíster en salud pública de la Nacional, exlíder de la Federación de Estudiantes Universitarios), busca llegar a la Cámara por Bogotá, a través del Pacto Histórico, como fórmula del actual senador y aspirante a repetir en el Senado de la República, Carlos Alberto Benavides Mora, presidente del Polo Democrático.
La propia Rojas se presenta en redes sociales, además de designada en el CSU de la UNAL por el presidente, como “precandidata a la cámara x Bogotá #37”.
Esta situación implicaría que Rojas estaría violando el Código General Disciplinario (Ley 734 de 2002), que señala que “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”, es considera una falta gravísima.
Rojas fue miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo UTL del fallecido Seuxis Pausias Hernández Solarte, o Jesús Santrich, jefe guerrillero de las Farc, y desde noviembre de 2022 actúa como delegada del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, y fue ficha clave en la designación rectoral de Leopoldo Múnera.
Delegados del Presidente en los Consejos Superiores Universitarios que ejercen funciones públicas
“Aunque Rojas no es funcionaria pública, sí es una particular que ejerce funciones públicas en el Consejo Superior Universitario y, por lo tanto, no puede participar en política”, advierte Valencia.
Al respecto, el pasado 28 de agosto, la Procuraduría General de la Nación expidió la directiva 013 que establece a los funcionarios públicos y a los particulares que desempeñan funciones públicas su deber de observar y acatar las prohibiciones relativas a la indebida participación en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho de afiliación a esas agrupaciones y al sufragio.
Entre las prohibiciones que señala están las de:
- Utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas.
- Usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral.
- Difundir propaganda electoral o realizar manifestaciones a favor o en contra de cualquier partido, agrupación, movimiento político o candidaturas, a través de cualquier medio.
- Intervenir en controversias de tipo político, a través de cualquier medio.
Rojas es una de las coordinadoras de la Mesa Constituyente de la Universidad Nacional de Colombia, lo que indudablemente le da un rol político al respecto.
T. Observatorio de la Universidad Colombiana
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