El Congreso de Perú destituyó el pasado viernes 10 de octubre en la madrugada a la presidenta Dina Boluarte tras una votación abrumadora que superó con holgura los 87 votos necesarios.
El Congreso de Perú destituyó el pasado viernes 10 de octubre en la madrugada a la presidenta Dina Boluarte tras una votación abrumadora que superó con holgura los 81 votos necesarios.
Más del 80% de los legisladores apoyaron la medida, culminando un proceso relámpago que puso fin a su mandato en medio de una profunda crisis política y social.
La decisión, tomada pasada las 00:10, hora de Lima, con 118 votos a favor, marca la caída de una de las líderes más impopulares en la historia reciente del país y abre un nuevo capítulo de inestabilidad en la política peruana.
El Congreso de la República había comenzado a debatir a las 9:22p.m., hora local, la admisión de cuatro mociones de vacancia por presunta “incapacidad moral permanente”, en medio de un repunte del crimen organizado y una creciente presión social.
En el debate que fue reabierto tras una pausa a las 11:30p.m., se tenía prevista la comparecencia de Boluarte para su derecho a la defensa, quien no se apersonó a la sesión. Una encuesta de Ipsos mostró que su índice de rechazo alcanzó el 96% en septiembre, con tan solo un 3% de aprobación.
Perú destituye a más líderes que prácticamente cualquier otro país, y quien reemplace a Boluarte será el octavo presidente en la última década. Dos renunciaron para evitar un impeachment y otros dos —uno de los cuales sucedió a Boluarte en 2022— fueron destituidos por el Congreso, de acuerdo con información de Bloomberg.
Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, indicó a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) que la decisión del Congreso no la convalidarán, y que la misma afecta los derechos constitucionales.
El sucesor de Boluarte será la octava persona en liderar Perú en la última década. Tres fueron destituidos incluida Boluarte— y otros dos dimitieron para evitar ser destituidos. Su destitución sorprendió a los peruanos por su rapidez: las mociones de destitución se presentaron el jueves por la tarde, se votaron por la noche y poco después ella ya había dejado el cargo.
Los acontecimientos se desencadenaron por un tiroteo en un concierto de una popular banda de cumbia. Días antes, Boluarte enfureció a muchos peruanos al sugerir que los conductores de autobús en huelga que protestaban contra el crimen organizado podían simplemente ignorar las llamadas de los extorsionadores.
La delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos, ya que las bandas atacan a un número cada vez mayor de negocios, desde tiendas hasta escuelas, pasando por bandas de música y conductores de autobús.
Pero eso fue la gota que colmó el vaso. Como vicepresidenta, Boluarte asumió la presidencia en 2022 tras la destitución del líder socialista Pedro Castillo. Muchos en la izquierda la acusaron de traición, mientras que los conservadores también la rechazaron, y su índice de aprobación rondaba el 3% justo antes de ser destituida.
Su popularidad también se vio afectada por una serie de escándalos e investigaciones penales, entre ellos acusaciones de enriquecimiento ilícito, la presunta participación de las fuerzas de seguridad en la muerte violenta de manifestantes y acusaciones de encubrimiento por la destitución de un oficial de policía que la investigaba.
A lo largo de su historia como República, el Perú ha recurrido repetidamente a la figura de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, una causal abierta que ha servido como herramienta política en momentos de crisis.
El antecedente más antiguo se remonta a 1823, con la destitución de José de la Riva Agüero, y desde entonces, al menos seis mandatarios han sido removidos por esta vía o forzados a renunciar antes de una votación inminente, incluyendo a Alberto Fujimori, en noviembre del 2000.
En los últimos años, la inestabilidad se ha vuelto recurrente: Pedro Pablo Kuczynski dimitió en 2018 sacudido por acusaciones de corrupción, antes de votarse la vacancia presidencial; Martín Vizcarra fue vacado en 2020 por presuntos sobornos como gobernador; y Pedro Castillo fue destituido en 2022 tras intentar cerrar el Congreso y declarar un gobierno de excepción. Todos fueron declarados “moralmente incapaces” por el Legislativo.
Tras la decisión de Boluarte, el fiscal Tomás Gálvez, precisó que las medidas judiciales en el marco de las investigaciones en contra de la ahora expresidenta podrían incluir acciones cautelares, entre ellas una solicitud de impedimento de salida del país.
Fuente: Bloomberg Line
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