En medio del crítico panorama que atraviesa el sector arrocero del Tolima, la gobernadora Adriana Matiz estuvo presente en un nuevo encuentro con productores del departamento y representantes del Ministerio de Agricultura, gestionado por ella en el Consejo Nacional de Arroceros, donde se dieron a conocer los avances y retos que han llevado al incumplimiento de los acuerdos pactados en marzo.
Allí, la mandataria reiteró su solicitud al Gobierno Nacional para que se expida con urgencia el decreto que modifique la fórmula de la Tasa de Uso de Agua (TUA), cobro que afecta directamente la viabilidad económica de la actividad agrícola en la región.
Matiz explicó que la actual fórmula de la TUA impone una carga desproporcionada a los distritos de riego y productores tolimenses frente a otros departamentos del país.
“Esta no es una petición caprichosa. Es una exigencia justa que responde a la realidad de miles de familias que viven del arroz en el Tolima. Hemos sostenido varias reuniones con el Ministerio de Ambiente y solo falta la expedición del decreto. Ya no hay justificación para seguir postergando una decisión que puede aliviar la crisis del campo”, señaló.
Adriana Matiz también dejó claro que, como presidenta del Consejo Directivo de Cortolima, está dispuesta a asumir el impacto que esta decisión pueda tener en las finanzas de la autoridad ambiental.
“Sabemos que Cortolima verá reducidos sus ingresos, pero estamos priorizando el bienestar de más de 7.500 familias que viven del arroz en nuestro departamento”, afirmó. Con más de 103 mil hectáreas sembradas el alto costo de la TUA representa uno de los principales obstáculos para la competitividad del sector. Matiz enfatizó que seguir ignorando esta problemática podría abrir la puerta a fenómenos como el abandono de tierras o el avance de cultivos ilícitos.
“Y yo la reflexión que siempre hago, que hoy quiero dejarles acá, es: ¿qué pasa si nosotros no apoyamos a los arroceros? ¿Qué va a pasar con esas más de 103 mil hectáreas que hay en el Tolima de tierra? ¿Qué va a pasar con las más de 650 mil hectáreas de tierra que hay en el país donde se ha sembrado arroz? ¿No será eso abrirle las puertas a los cultivos ilícitos en este país?”, expresó la mandataria.
Ante esta preocupación, Matiz hizo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que se instale de manera inmediata una mesa de negociación que permita avanzar en soluciones estructurales para el sector arrocero.
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