Informa: Jimmy Nomesqui Rivera.-
Magistrados y senadores critican la iniciativa del gobierno que prevé penas alternativas y beneficios para jefes de bandas que entreguen armas y bienes, mientras el Ministerio de Justicia alista ajustes.
Entre los escándalos que ha protagonizado el gobierno nacional en las últimas semanas, se destaca la revelación sobre una propuesta elaborada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, con la que se buscaba implementar beneficios para jefes de grupos delincuenciales que se sumaran a las iniciativas de paz del Estado.
Entre los puntos más cuestionados estaba el beneficio de libertad condicional para aquellos que cumplan entre cinco y ocho años de prisión y comiencen un proceso de sometimiento judicial, que generó reacciones marcadas de figuras de la política nacional.
“Esto no es justicia. Es complicidad. Es la manera en la que Gustavo Petro busca proteger a sus aliados criminales y evitar que sean extraditados a los Estados Unidos, donde si enfrentarían penas ejemplares. Pretenden disfrazar esta burla a las víctimas como “paz total”, cuando en realidad es una paz a la medida de los narcos. Con este gobierno, la justicia se somete a los capos”, opinó al respecto la senadora María Fernanda Cabal.
Sobre los detalles que se conocieron de la propuesta, El Tiempo informó que este fue comparado con el proceso de paz con las AUC y lo que se consolidó con la Ley de Justicia y Paz; puesto que se iba a proponer que algunos condenados paguen su castigo en colonias agrícolas.
De la misma forma, que en las condiciones para ingresar a la Paz Total se iba a tener en cuenta la entrega total de las armas, los bienes ilegales y una serie de informes del Alto Comisionado para la Paz sobre el comportamiento del condenado.
El objetivo del Ministerio de Justicia sería que el 15% de los bienes entregados o intervenidos sean utilizados para proyectos liderados por los condenados, mientras que el 65% será para reparar a las víctimas del conflicto interno en el país.
Corte Suprema se opuso a la propuesta
Propuesta del Ministerio de Justicia no ha sido recibida con agrado por la opinión pública. En la tarde del 18 de julio, los miembros del Consejo de Política Criminal hicieron parte de un debate en el que se discutió el borrador del proyecto que sería presentado por el Ministerio de Justicia el 20 de julio.
Entre los puntos centrales de la discusión estuvieron las “gabelas” que podrían recibir los criminales ligados a bandas delincuenciales que quieran someterse a la justicia, siendo negativa la postura de la Corte Suprema de Justicia.
En el debate, la magistrada Myriam Ávila, presidenta de la Sala Penal, que asistió a la reunión como ponente del alto tribunal, indicó que no está a favor de los 51 artículos que hablan de penas alternativas, de entre cinco y ocho años, para los jefes de estructuras delincuenciales que abran la puerta a la Paz Total, en la que ha sido incluido el nombre de Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia.
Mediante un comunicado, la Corte Suprema de Justicia expuso algunos de los argumentos que tienen para estar en contra del proyecto. “En criterio de la presidenta, al interior del Consejo Superior de Política Criminal, el contenido de la propuesta no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación. Igualmente, consideró que se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”.
A pesar de la postura de los presentes, el ministro de Justicia ahora se reunirá con su equipo de trabajo para realizar los ajustes del proyecto y que el borrador pueda ser presentado el 20 de julio.
Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre la idea del ministro Montealegre, que busca cumplir con la tarea designada por el mandatario de abrir posibilidades para que ex jefes criminales se sumen a los procesos de paz.
Fuente: Infobae
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