Escribe: Gabriela Moreno*.-
Ortega creó una “fábrica de delitos” con el apoyo de 54 altos funcionarios del régimen para perseguir a opositores. (EFE)
Ortega libera a más de 40.000 reos comunes mientras mantiene presos a 52 disidentes en condiciones inhumanas.
En Nicaragua no hay justicia. Los tribunales solo son un instrumento de persecución política, porque lo único que se impone en el país centroamericano es la voz arbitraria del dictador Daniel Ortega, quien ejerce de verdugo en la nación al decidir desde su sillón quién sale y quién ingresa de los penales. Bajo esa modalidad privilegia a los presos comunes con libertad y reprime con cárcel a los opositores.
Los últimos registros del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas exponen el abuso del régimen sandinista. Según sus estadísticas, hay 52 disidentes detenidos y de ellos, 15 son adultos mayores. Del total, 33 ya han sido condenados por “traición a la patria”, mientras que 19 están a la espera del inicio del juicio en su contra por cargos similares como alteración del orden constitucional.
Son empresarios, sacerdotes, defensores y políticos que enfrentan condiciones inhumanas de reclusión que incluyen aislamiento prolongado, celdas insalubres y alimentación deficiente basada en arroz y frijoles. La excepción es el excomandante de la revolución sandinista Henry Ruiz, por permanecer confinado en su casa por la Policía de Nicaragua desde hace tres meses a sus 81 años. Otros 14 presos políticos de Ortega permanecen en condición de desaparición forzada bajo custodia estatal, sin información sobre su paradero ni estado de salud. Esa es la realidad de Angélica Chavarría; Brooklyn Rivera; Carmen Sáenz, Douglas Álvarez; Eddie González; Eveling Matus; Fabio Cáceres; Fabiola Tercero; José Alejandro Hurtado; Julio Quintana; Leo Catalino Cárcamo; Lesbia del Socorro Gutiérrez; Steadman Muller; y Víctor Boitano Coleman. Nadie sabe donde están.
Reos para la calle
La situación de los presos comunes difiere notablemente. Ortega les otorga ciertos beneficios: hace una semana, liberó a 1.000 reclusos con sentencia firme, trasladándolos al régimen de convivencia familiar. Con este acto, el mandatario conmemoró el 130 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino en la prisión ‘La Modelo’, la más grande de Nicaragua, ubicada cerca de Managua.
La medida elevó la cifra de liberados en lo que va de 2.025 a 4.700. Con el número ya roza a los 9.200 condenados que dejaron la prisión el año pasado que se suman a los 37.764 internos beneficiados en los últimos diez años, con un promedio anual de 4.196 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.
Sobre estos presos liberados por orden de Ortega, la cúpula judicial insiste en mantener que los que se reintegran a sus hogares con una oportunidad nueva de rectificar y de servir a la familia y a la patria pero sus acciones contradicen la versión oficialista. Al menos, 3.515 ha reincidido en la comisión de un delito.
La fábrica de delitos de Ortega
Para usar la justicia a su antojo, Ortega creó una “fábrica de delitos” con el apoyo de 54 altos funcionarios del régimen sandinista, entre los cuales hay desde ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil.
Sus identidades ya son públicas. La estructura para castigar o beneficiar a los presos del régimen de Ortega quedó al descubierto por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, por primera vez, reveló el nombre de quienes efectúan las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución a medios de comunicación, la desnacionalización y confiscación de bienes privados en el país por orden de Ortega.
“Descubrimos un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales de forma deliberada y bien orquestada”, afirmó la vocera Ariela Peralta, tras acusar en abril al asesor de seguridad e inteligencia, Néstor Moncada, a la fiscal general, Ana Guido y al inspector general del Ministerio Público, Douglas Vargas de liderar la estructura.
Los tres son señalados de elaborar expedientes con falsos testigos junto a Javier Morazán, jefe de la unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público y los jefes de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Pérez, Farle Roa y Juan Ruiz. Todos operan para producir pruebas incriminatorias desde 2018 hasta la fecha.
* Gabriela Moreno, Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.
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