Escribe: Gabriela Moreno*.-
En las regiones de Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble y Aysén hay, en promedio en cada una, 100 víctimas de explotación sexual infantil esperando atención. (PanAm Post)
El crimen organizado, profundamente arraigado en el país, impulsa una tendencia que bordea el nivel de crisis, este incremento se exacerba por la inercia institucional debido a la ausencia de un sistema unificado que facilite contabilizar a las víctimas, así como también identificar a los responsables de su captación en estas redes de vulneración.
La explotación sexual infantil en Chile es un delito es ascenso. Cifras del Ministerio Público divulgadas por El Mercurio confirman la creciente captación de menores, para formar parte del ilícito negocio que pasó de registrar 777 casos en 2023 a 1313 el año pasado, representando un aumento de 68,9 %.
El panorama es peor, según las cuentas de la presidente de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, Carmen Aravena. La funcionaria indicó en una sesión parlamentaria que se estima que 6000 niños están involucrados en el comercio sexual en Chile. “Es una cifra horrorosa y, de alguna manera, indica que no hemos hecho las cosas bien”, reconoció.
El crimen organizado, profundamente arraigado en el país, impulsa una tendencia que bordea el nivel de crisis, este incremento se exacerba por la inercia institucional debido a la ausencia de un sistema unificado que facilite contabilizar a las víctimas, así como también identificar a los responsables de su captación en estas redes de vulneración.
Víctimas en espera
La Subsecretaría de la Niñez es el epicentro de las miradas. Si bien la dependencia acordó el año pasado generar entre abril y noviembre un monitoreo semestral, para finalizar el 2024 con un primer informe de resultados de la gestión anual, actualmente no hay información sobre los avances de las actividades planificadas. De este modo, la Política Nacional de la Niñez anunciada por el gobierno de Gabriel Boric aún se encuentra en trámite ante la Contraloría General.
Mientras tanto, en las regiones de Atacama, O’Higgins, Maule, Ñuble y Aysén hay, en promedio, 100 niños esperando atención que provenga de los Programas de Reparación de la Explotación Sexual Infantil. El margen para recibirla es entre uno y tres años. Es grave. Un informe de la plataforma “Actuar es Urgente” revela que las instituciones del Estado chileno tienen una calificación de 2,8 sobre 7 en la evaluación de su desempeño, tras arrojar sólo 34% de avances en la implementación de medidas para combatir la explotación sexual infantil en el país.
El resultado derivó de un análisis a la política nacional de la niñez y adolescencia establecida para el periodo 2024-2032 y la situación actual de los programas de protección especializada en explotación sexual comercial infantil cuyos alcances son “insuficientes” luego del monitoreo a 38 recomendaciones en vigencia para disminuir el delito, las cuales aún están sin cumplirse.
“Estas cifras reflejan una deuda persistente del Estado chileno en la protección de niños, niñas y adolescentes frente a este grave delito”, indica el reporte. Para Rosario Martínez, académica de la Universidad del Alba y exdirectora del Servicio Nacional del Menor (Sename), las autoridades sólo enfocan sus labores en “redactar marcos para el trabajo interinstitucional, organizando miles de reuniones para exculparse de la inacción, con baja empatía y sin capacidad de observar qué hacen otros países para combatir este fenómeno”, así lo señaló a El Mercurio.
Delito sin seguimiento
El alza de la explotación sexual infantil en Chile refleja la falta de políticas públicas efectivas para evitar la propagación del delito. De hecho, el último estudio oficial con cifras nacionales data de 2003, según afirmaciones hechas por Carlos Vöhringer, director del área niñez y adolescencia, del Hogar de Cristo, en su columna.
El vacío estadístico no sólo subestima el número real de víctimas, sino también invisibiliza la evolución del fenómeno en las últimas dos décadas, un escenario que equivale a negligencia estatal, así lo resume Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO).
La deficiente coordinación interinstitucional pese a la existencia de protocolos y mesas de trabajo es indiscutible. Hasta ahora, Vöhringer indica que la implementación de acciones conjuntas entre los distintos organismos gubernamentales implicados, ONGs y la sociedad civil es limitada. Cree que la demora en la incorporación de víctimas en los programas de protección, debido a deficiencias en los mecanismos de detección, derivaciones inadecuadas y largas listas de espera profundizan el problema.
* Gabriela Moreno, Periodista venezolana residenciada en Chile. Egresada de la Universidad del Zulia. Experiencia como editora y productora de contenidos para medios impresos y digitales con énfasis en las fuentes de política e internacional.
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