Escribe: Luis Hernando Granada C.*.-
El cambio era juntar todas las formas extremas de corrupción, las pasadas, las de siempre y las actuales. A eso el comunismo/socialista le llama “progresismo”. Por eso estamos siendo víctimas de la peor delincuencia de la historia.
La lucha y el desespero del psicópata y genocida Gustavo Petro por perpetuarse en el poder –como siempre lo han buscado los más reconocidos dictadores comunistas del planeta–, es sinónimo de corrupción, pobreza y muerte.
La última “perla” del psicópata es convocar a una consulta popular sin importarle que su costo supere los 700.000 millones de pesos mientras las regiones tratan de sobrevivir en el ostracismo, la inseguridad y la persecución del mismo “gobierno” a través de los ataques de los narcoterroristas de las farc, el eln, el clan del golfo, el tren de Aragua, las guardias indígenas, los vándalos de la primera línea, los movimientos sindicales y los colectivos petristas ya organizados y trabajando desde sus oscuras trincheras –congreso, ministerios y mamertos de todo tipo–, para perpetuar al maligno en el poder.
El anunciado estallido social, la convocatoria a una consulta popular, la imposición de decretos nocivos para el pueblo, así como sus criminales reformas, no son más que mecanismos criminales para destruir a Colombia porque esa es la misión que Petro debe cumplir con la mafia transnacional comunista/socialista y así lo registré en mi libro “La gran farsa de la izquierda”
No hay una sola reforma que beneficie al pueblo; la Justicia sigue siendo manejada de mal en peor. ¿Por qué la casa por cárcel para los feminicidas y criminales de lesa humanidad?… ¿Por qué los criminales de las farc y el eln simplemente pasan por la JEP, hablan de lo que quieren y salen tan campantes como si fueran angelitos inocentes y puros?… ¿Por qué no se extingue el llamado “vencimiento de términos”, prebenda hábilmente aprovechada por jurisconsultos, magistrados, jueces y cómplices de criminales como Armando Benedetti, Iván Cepeda, Roy Barreras, Timochenko, Nicolás Petro y tantos otros que tanto daño le han hecho al país?… ¿Por qué a criminales reconocidos se les nombra gestores de paz, y a reconocidos guerrilleros y supuestamente “desmovilizados” se les convierte en escoltas y se les permite no solo “ganar” un suculento sueldo, sino además, que sigan delinquiendo?
Y para rematar el tema de la Justicia, ¿No es criminal permitir que los narcoguerrilleros se apoderen de los pueblos, sometiendo a sus habitantes a huir para salvar sus vidas?… ¿No es ridículo, por parte del “gobierno”, enviar a 300 uniformados mediocremente “armados” a enfrentarse a más de 1.200 criminales, armados hasta los dientes en una región como El Catatumbo?… ¿No está obligado el “gobierno” a garantizar la seguridad ciudadana de los colombianos según lo ordena la Constitución Nacional?… ¿Por qué, los que han construido sus casas o ranchos, o tratan de sobrevivir en sus fincas, en los pueblos y ciudades, tiene que huir de sus terruños, ante la mirada cómplice de los gobernantes?
“A quién engañas abuelo”, es un tema musical de Arnulfo Briceño que narra la realidad de la política en Colombia. Una realidad triste y preocupante, porque lo que requiere Colombia, a nivel de justicia, es más acción, más celeridad en el juzgamiento de los delitos y menos impunidad.
Y una última pregunta a nivel Justicia: ¿Por qué, dentro de la reforma a la Justicia, no se regula el uso del polígrafo para acelerar investigaciones y juicios? De momento, en este sentido hay restricciones. Sin embargo, el polígrafo fue utilizado en investigaciones de corrupción, como en el caso Odebrecht y en el de Blanca Inés Durán. En este último caso, el de Blanca Inés Durán, candidata a la alcaldía de Sucre, los resultados del polígrafo se utilizaron en la investigación y en su condena por corrupción electoral.
Recordemos que el polígrafo registra cambios neurofisiológicos del individuo ante una mentira. Por eso valdría la pena regular su uso. Obviamente, en el caso de la “podrítica” eso conduciría al hacinamiento en las cárceles o a ponerle barrotes al edificio del Congreso, porque lo único que hay en Colombia son injusticias, como por ejemplo: Ofrecerle al campesino $1´200.000 mensuales por no sembrar coca y dedicarse a otros cultivos no ilícitos, mientras los narco guerrilleros les pagan hasta $3´000.000, y mientras el “gobierno” los apoya con el concepto de “mantener la mata de coca por derechos ancestrales”.… Pero en este sentido, vale la pena preguntar: ¿Con $1´200.000 quién garantiza la calidad de vida y el sostenimiento de los campesinos que decidan no cultivar coca?… La solución es acabar con los cultivos ilícitos, porque en este momento –con cifras no muy precisas–, hay un promedio de 253.000 hectáreas cultivadas con coca, sin contar con los cultivos que existen en los resguardos indígenas donde las autoridades –por alguna extraña razón–, no pueden entrar. Por eso el aumento es tres veces superior, a la cifra que dejó el anterior gobierno.
Toneladas de coca van y vienen y sirven para enriquecer a sus productores y para financiar campañas “podríticas”… Por eso el afán absurdo de aprobar el consumo de marihuana…
Hablemos de Salud
Dentro del extinto Estado Social de Derecho –ahora llamado “Estado antisocial de deshecho” –, la salud para los colombianos no existe. La Constitución Política de Colombia “consagra el derecho a la salud como un derecho fundamental en el artículo 49. Este derecho se garantiza a todos los colombianos y es responsabilidad del Estado”… ¿Cuál Estado?… ¿Cuál derecho fundamental?
Desde el psicópata en adelante, pasando por el ministro de Salud, los congresistas de régimen dictatorial, los “influencers”, los medios de comunicación enmermelados, los mamertos, pueden hablar “bellezas” del régimen de Salud, pero la realidad es muy distinta y todos los días caen nuevas víctimas.
No hay agenda con médicos ni especialistas, no entregan medicamentos, los hospitales están colapsados, los pacientes –los que logran entrar y ser “atendidos” –, fácilmente pueden salir en un cajón de madera, y todo porque el “gobierno” acabó con lo bueno que había; no paga deudas, las cuales –sin poder precisar cifras–, ascienden a más de 6 billones de pesos que se le adeudan a las EPS, IPS, farmacias, hospitales y clínicas e incluso al personal de la Salud. Como consecuencia de lo anterior, las funerarias, crematorios y cementerios permanecen llenos con las víctimas de un “gobierno” genocida.
El pretexto del “gobierno” es que no hay dinero. No hay dinero para la Salud, tampoco para la educación y para cubrir otras necesidades, pero sí lo hay para viajar por el mundo a reunirse con otros comunistas y dictadores o para adelantar absurdas y amañadas consultas populares, con tal de seguir en el poder cumpliendo su misión destructiva.
¿Cuántos niños no podrían recibir su alimentación a través del PAE?, negado en muchos casos por carencia de fondos… En muchas instituciones educativas, sueltan a los educandos antes de la hora del almuerzo con algún pretexto, menos con la verdad.
¿Cuántas vías terciarias se podrían realizar con una suma que el psicópata quiere dilapidar por el capricho y el desespero de quedarse en el poder?.
Vuelvo a recordar la cifra: La consulta popular que pretende realizar el psicópata para perpetuarse en el poder, valdría más o menos 700.000 millones de pesos… ¿A cuántos estudiantes se les podría colaborar condonándoles las deudas con el Icetex, o al menos, los intereses de mora, piña y maracuyá?…
¿Cuántos pacientes podrían salvarse de la guadaña de la muerte porque no reciben ni atención médica ni los medicamentos que requieren para sobrevivir?… Son 700.000 millones de pesos lo que valdría la consulta popular absurda e innecesaria, además de peligrosa porque hacerla implicaría realizar e imponer una nueva reforma tributaria para cubrir el déficit que cada día incrementa el psicópata Petro.
Es el pueblo el que tiene la palabra; las trampas y triquiñuelas para seguir en el poder ya están trazadas y una de las opciones que tiene el pueblo colombiano para evitar la debacle, es precisamente, no votar por ningún candidato de izquierda.
* Luis Hernando Granada C., Periodista, Publicista con más de 50 años de experiencia. Ex subdirector de la Revista El Congreso, ex Director y colaborador de varios medios de comunicación escritos, impresos y digitales. Autor de la Novela “El Imperio del terror” y de los libros “¿Y cómo es la vuelta?” y “La gran farsa de la izquierda” y Gestor Cultural del Tolima.
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