Escribe: Bernardo Henao Jaramillo*.-
Necesario es recordar que el paso del despotismo a la libertad, de las dictaduras a la democracia, está guiado por el acatamiento del poder al derecho. Y no cabe duda, que, en este sentido, Petro sigue destruyendo a Colombia.
(EFE/ Carlos Ortega)
En esta semana que terminó fuimos testigos de resoluciones judiciales y políticas de gran relevancia tanto en Colombia como en la región.
La justicia, la democracia y la sociedad son conceptos que están estrechamente relacionados y tienen especial trascendencia en el bienestar colectivo e individual de los miembros de una comunidad y en el desarrollo humano y social de los pueblos.
Necesario es recordar que el paso del despotismo a la libertad, de las dictaduras a la democracia, está guiado por el acatamiento del poder al derecho. De ahí que el rol de una justicia independiente, capaz de someter a cualquier otro poder a la legalidad, sea esencial en una sociedad democrática, sobre todo cuando el pueblo toma conciencia de que el voto no garantiza necesariamente transparencia, honestidad. Más aún cuando existe una decisión en ese sentido, como es el caso de Colombia con la proferida por el Consejo Nacional Electoral.
Para resaltar, los más de cien fallos favorables de la justicia en lo que va del gobierno Petro. En esta semana que terminó fuimos testigos de resoluciones judiciales y políticas de gran relevancia tanto en Colombia como en la región. Esas decisiones reflejan la fortaleza de las instituciones y la complejidad de los desafíos actuales. De destacar los múltiples fallos en Colombia que ajustan a derecho las actuaciones del gobierno de Petro, algunas de ellas las que a continuación se citan.
La Procuraduría General de la Nación sancionó a Álvaro Leyva Durán, como ministro de relaciones exteriores, con destitución y le impuso inhabilidad de 10 años para ejercer funciones públicas, subrayando el compromiso con la integridad en el servicio público. La fundamentada decisión fue cuestionada por el sancionado que dejó saber que la impugnará. Puede ocurrir que el tiempo no le alcance para conocer el fallo final, como así, cínicamente, lo dijo, ante el cuestionamiento que se le formuló por la no adjudicación del contrato para elaborar los pasaportes, cuando arbitraria y unilateralmente resolvió que tal no podía recaer en la firma Thomas Greg and Sons.
También la Procuraduría emitió un concepto negativo sobre la reforma pensional cuya sólida fundamentación podría llevar a un replanteamiento del tema. Así se reafirma en su rol de garante de los derechos ciudadanos y se fortalece la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia acaba de proferir una decisión clave en la que actuó como magistrado ponente el doctor Jorge Hernán Díaz Soto, por la cual le pone límites como gestor a Salvatore Mancuso Gómez, designado en esa calidad con ocasión de la Resolución Presidencial 244 del 14 de agosto de 2023. Dicha corporación confirmó la negativa de libertad, y la no procedencia de la nulidad impetrada por el ex paramilitar.
Esta decisión será fundamental en el trato a los denominados gestores de paz. Advierte esa decisión, luego de recordarle que el Tribunal de Barranquilla le ha impuesto 33 medidas de aseguramiento, la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno Nacional. Enfatiza la Sala que “deben salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de DDHH, lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas”. Más aún cuando no hay ninguna precisión sobre el lapso de la designación.
De otro lado, cabe destacar el importante salvamento de voto del honorable magistrado Gerardo Barbosa, quien se opuso a la entrega de un ciudadano colombiano a Venezuela. Esta decisión se basa en el argumento de que Venezuela es un país con un historial documentado de violaciones a los derechos humanos, lo que podría poner en grave riesgo la integridad y seguridad del extraditado.
El magistrado Barbosa subrayó en su salvamento de voto que la cooperación judicial internacional no debe comprometer la protección de los derechos fundamentales. Su postura refuerza la importancia de garantizar que los derechos humanos sean un eje central en los procesos de extradición y que Colombia, como Estado comprometido con los tratados internacionales en derechos humanos, debe ser cauteloso en sus decisiones de entrega cuando existe el riesgo de maltrato o injusticia en el país solicitante.
Este salvamento de voto no solo reafirma la responsabilidad ética y humanitaria del Estado colombiano, sino que también resalta el rol de la Corte como un ente protector de los derechos individuales, incluso en el contexto de relaciones internacionales complejas. La postura de Barbosa resuena como una advertencia sobre los peligros de ignorar las realidades de los sistemas judiciales de países con antecedentes de violaciones, posicionando este salvamento como un hito en la defensa de los derechos humanos en la región. Seguro a futuro se construirá una gran y nutrida jurisprudencia al respecto.
Pero si algo le ha dolido a Petro es sin duda el archivo de la noticia criminal en contra de Vicky Dávila a quien por una denuncia temeraria se pretendía vincular al tema de Pegasus. Todo se aclaró cuando los Estados Unidos manifestaron haber adquirido de forma lícita a Pegasus y haberlo operado únicamente para perseguir al narcotráfico, sin que el presidente Duque tuviera conocimiento. La Fiscal General quedó muy mal por su precipitada actuación. A ella lo que le correspondía era cuestionar la revelación que hizo Petro del asunto Pegasus, desconociendo la reserva del informe dado, inopinada presentación que condujo a que Colombia fuese excluida temporalmente del Grupo Egmont, organización internacional que promueve la cooperación y el intercambio de inteligencia entre 177 países. Esta exclusión tiene de plácemes, particularmente, a los narcos.
Por su parte, en Antioquia, el Juez Primero Penal del Circuito absolvió a Santiago Uribe Vélez, destacando la importancia de la veracidad en las declaraciones en los procesos judiciales al ordenar la compulsa de copias por falso testimonio contra varios individuos.
Con ocasión de la denuncia penal instaurada por el Concejal Daniel Briceño por el apoyo de Daily Corp a la campaña presidencial, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dispuso abrirle investigación a Gustavo Petro. Éste al saberlo se descompuso y desde su cuenta de X calificó de pobre y despistado al denunciante, rematando “que juegan con el fuego social, y no se dan cuenta que desatan al gigante dormido”. ¿Qué habrá querido decir?
En Argentina, la justicia condenó a la exvicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, estableciendo un precedente en la región y enviando un mensaje claro sobre la rendición de cuentas de las figuras públicas.
En Estados Unidos, la decisión del pueblo para otorgarle el triunfo a Donald Trump en las elecciones ha reconfigurado el panorama político, proyectando efectos significativos para América Latina, incluyendo a Colombia. Se anticipa que la relación bilateral podría enfocarse en temas como control migratorio, seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico, con posibles nuevas exigencias para el gobierno colombiano.
No obstante, estas positivas decisiones se ven empañadas por el fallo arbitral que condena a Colombia, por incumplimiento de su obligación de otorgar un trato justo a las inversiones de Telefónica, a pagarle la exorbitante suma de 380 millones de dólares. Este laudo representa un desafío financiero y reputacional para el país, y por supuesto le causa tremendo hueco a las finanzas del Estado que ya están al borde del colapso (default). Será por supuesto recurrido.
Asimismo, la condena al ex escolta del DAS por el asesinato de Carlos Pizarro, padre de la senadora María José Pizarro, ha generado debate sobre la proporcionalidad de la sentencia y la búsqueda de justicia en casos de magnicidio. El monto de la indemnización es de US$34 millones. Que el Estado colombiano haya reconocido su responsabilidad en la muerte de Pizarro arroja bastantes dudas por cuanto el actual gobernante fue militante del M-19, la agrupación criminal a la que pertenecía Pizarro.
* Bernardo Henao Jaramillo, Abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.
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