Escribe: Oriana Rivas*.-
Exhibiendo su cuerpo con trajes transparentes y bailes eróticos que alimentan el morbo, la nueva generación musical trata de imponerse, incluyendo letras violatorias de la dignidad de los menores de edad.
La canción de Karol G “+57” incluye la colaboración con otros artistas colombianos.
Hace pocos días, la reguetonera colombiana Karol G tuvo que salir al frente de la avalancha de críticas que le cayeron encima por la canción “+57”.
Es cierto que “+57” tiene una letra totalmente reprochable. Menciona drogas y frases como “una mamacita desde los fourteen”. Sin embargo, hay cuestiones que dejan en evidencia la falta de políticas gubernamentales para atacar el problema de fondo mientras se usa la polémica con una canción para aumentar la intervención estatal, ahora también en la industria de la música.
En un mensaje publicado en sus redes sociales afirmó que “se sacó de contexto la letra” y que “ninguna de las cosas dichas tiene la dirección que le han dado”. Cualquiera que haya leído ese intento de disculpa posiblemente se indignó porque, en realidad, no hay ninguna frase que se preste a la interpretación. El tema hace una clara alusión a un problema que padece Colombia y gran parte de la región: la prostitución y la pederastia.
Sin embargo, hay que preguntarse cuántas canciones de reguetón no apelan a la sexualización con el fin de convertirse en éxitos o en contenido “viral” de TikTok. La lista sería infinita. Lo cierto es que a raíz de la publicación de “+57” surgió un intento de intervención del Estado colombiano que raya en lo absurdo y tiene como protagonista tanto a Karol G como al resto de famosos que la acompañan en ese tema: Maluma, Feid, J Balvin y otros más.
La senadora Karina Espinosa, afiliada al Partido Liberal, cuestionó cómo desde la sociedad se pretende “acabar los feminicidios, el abuso infantil y con las drogas cuando esa es la música que están escuchando niños, niñas y adolescentes”. Pero la solución que han encontrado Espinosa y otros congresistas para atacar estas problemáticas es radicarun proyecto de ley para regular el contenido de temas musicales y castigar a los artistas que las interpreten. En otras palabras, les ha parecido más viable exigirle a un cantante que a un gobernante.
Una excusa válida pero peligrosa para aumentar la intervención
Sí, es cierto que “+57” tiene una letra totalmente criticable. Menciona drogas y frases como “una mamacita desde los fourteen (14 años)”, es decir, apela a la sexualización de menores de edad. Además, el sonido es tan desechable como muchas canciones del género lanzadas en los últimos años. Pero la cuestión “artística” es otro tema.
Aquí el punto es que la política colombiana está totalmente divorciada de la realidad. Además, esta ley de carácter demagógico desde el inicio apunta a no resolver nada, menos aún una problemática tan profunda y transversal como la prostitución en Colombia. Por el contrario, solo promueve una mayor intervención que va más allá del tema musical en cuestión. Legislar en esta materia sienta un precedente para censurar por anticipado cualquier canción a futuro. Mientras se da ese debate, desde el Congreso exhortan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a convocar a los autores e intérpretes de la canción “+57” a una capacitación “sobre derechos de niños, niñas y adolescentes y sobre prevención de violencias”.
¿Asistirían estos famosos a tal capacitación? Quizás, considerando el costo que tendría para su fama negarse a una orden del Estado relacionada con esta materia. Pero al margen de esa situación, consideremos que solamente en el año 2023 se registraron más de 1.490 casos de explotación sexual comercial de menores, según la Policía Nacional de Colombia. La ciudad de Medellín, especialmente el exclusivo sector de El Poblado, se convirtió en epicentro del turismo sexual.
El caso de Timothy Alan en Medellín
A finales de marzo pasado acaparó titulares el caso del turista estadounidense Timothy Alan Livingston, al ser descubierto en un hotel de Medellín junto a dos niñas de 12 y 13 años en “extrañas circunstancias”. Al hombre de 36 años de edad lo dejaron libre por “falta de pruebas”, tras varios errores procesales de la Justicia.
Es necesario mencionar el caso porque eso demuestra lo complejo del tráfico sexual en Colombia, y que el problema está en las políticas del Estado, no en una canción. Además, cuando una menor e incluso una mujer mayor de edad recurre a este oficio es porque de fondo hay cuestiones como la vulnerabilidad debido a la falta de oportunidades. Entonces, este capítulo de intervención estatal no es más que otra muestra de populismo y demagogia, que también deja en evidencia la poca voluntad y capacidad de sus funcionarios para resolver los problemas de fondo.
* Oriana Rivas, Periodista venezolana radicada en Buenos Aires. Investigación para las fuentes de política y economía. Especialista en plataformas digitales y redes sociales.
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