Escribe: Oriana Rivas*.-

La dictadura de Daniel Ortega podrá identificar con más facilidad a opositores usando la vigilancia digital. (EFE)

Será el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien además es el consuegro de Daniel Ortega, el encargado de realizar “registros, allanamientos y requisas que sean necesarios”, así como requerir a las empresas de telefonía “información de los titulares de líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, geolocalización, relación de llamadas, mensajes de texto y de voz”.

Luego de enviar a la Asamblea Nacional la propuesta para reformar ocho artículos del Código Procesal Penal, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, consiguió que a partir de ahora la Policía Nacional tenga la potestad de confiscar equipos electrónicos o de exigir a empresas telefónicas toda la información digital de personas que sean de interés para el régimen.

Al no haber contrapeso en la Asamblea, la propuesta de vigilancia digital de Ortega recibió el visto bueno de 89 diputados de los 90 que integran el hemiciclo. Es decir, su paso por el Legislativo fue un mero trámite, considerando la mayoría de 75 diputados con los que cuenta el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la complicidad de otros partidos.

De esta manera, el sandinismo lleva a un nivel más implacable la persecución contra los opositores. Solamente este 10 de septiembre despojó de su nacionalidad a 135 ciudadanos nicaragüenses, mientras que sus bienes quedaron confiscados luego de ser excarcelados y enviados en un avión a Guatemala. Es “el aplastamiento del Estado de Derecho”, como lo define al portal La Prensa Jasson Salazar, vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de abril (MU19A), uno de los desterrados.

Ortega quiere “controlarlo todo”

Además de la brutal represión contra disidentes, el cierre de más de 3.300 oenegés entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023 (según un monitoreo del Confidencial) y la persecución desmedida del régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, los ciudadanos tampoco podrán esperar tener privacidad en sus teléfonos y otros equipos electrónicos.

Uno de los ocho artículos modificados autoriza a la Policía a requerir a las empresas de telefonía “información de los titulares de líneas telefónicas móviles, fijas, servicios asociados, relación de llamadas, mensajes de texto y voz, geolocalización, la ubicación de antenas emisoras y receptoras”, de acuerdo con la agencia EFE. El objetivo básicamente es “controlarlo todo”, como aseguran expertos al portal Artículo 66.

La frase está en lo correcto, ya que además, la dictadura de Daniel Ortega a través de la Policía podrá pedir a las empresas “número del módulo de identidad del suscriptor, de las direcciones de protocolos de internet, la identidad internacional de un equipo móvil y los usuarios vinculados a los equipos de las empresas telefónicas”. En resumen, la persecución a manos del sandinismo es total.

Autorizan bloqueo de activos y cuentas

A propósito del nepotismo que impera en el régimen de Ortega, donde su familia ocupa cargos claves dentro de la estructura gubernamental, es su consuegro, Francisco Díaz, quien dirigirá esta nueva etapa de persecución, junto a la Fiscalía, al ser el jefe de la Policía Nacional. Todo bajo la excusa de “perseguir delitos de lavado de activos, terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva y su financiación”.

Sancionado por Estados Unidos debido a abusos de derechos humanos y corrupción, Díaz podrá realizar “registros, allanamientos y requisas que sean necesarios”, así como extraer y acceder a información de sistemas electrónicos e informáticos sin necesidad de orden judicial en “casos de urgencia”. Respecto a las cuentas bancarias, también podrán exigir a las instituciones financieras públicas y privadas todo lo que tenga que ver con transacciones de personas investigadas. Adicionalmente, podrán “incautar, ocupar o inmovilizar activos, títulos valores, certificados de depósito, documentos y cuentas bancarias”.

De esta manera, el sandinismo podrá identificar con más facilidad a opositores, quienes desde hace tiempo ya vienen denunciando infiltraciones de la dictadura en grupos de WhatsApp y llamadas intervenidas.

* Oriana Rivas, Periodista venezolana radicada en Buenos Aires. Investigación para las fuentes de política y economía. Especialista en plataformas digitales y redes sociales.