Escribe: Bernardo Henao Jaramillo*.-

Mirando lo que acontece en Ecopetrol no se puede menos que recordar lo sucedido en la vecina Venezuela. La gran empresa que era PDVSA se destruyó por Hugo Chávez, quien despidió más de 18.000 empleados y redujo enormemente la producción.

Inexplicable resulta que un gobierno que dice no contar con plata renuncie a la prosperidad y crecimiento de su mejor empresa, para, en cambio, anunciar una nueva reforma tributaria.

No hay duda de que la empresa más importante del país es Ecopetrol, las cifras de la Superintendencia de Sociedades son suficientes para establecer la relevancia de esa compañía en la economía nacional. En 2022 reportó utilidad neta de $33,4 billones y una EBIDAT de $75,2 billones, contribuyendo al bienestar de los colombianos en sus diferentes necesidades. Pero, el actual mandatario, que prefiere destruir a construir, decidió acabar con esa empresa, lo que viene haciendo desde el nombramiento de su presidente, Ricardo Roa, quien ha estado involucrado en graves escándalos, como lo han informado los diferentes medios de comunicación.

Las utilidades de Ecopetrol han declinado durante este mandato. Según los resultados publicados, alcanzaron $3,3 billones este trimestre, para completar $7,3 billones semestrales. Han disminuido en 24,2%.

Y ha sonado un campanazo de alerta para los colombianos con lo sucedido en torno al combustible para aviones. Ecopetrol está perdiendo la capacidad de autoabastecimiento. El gobierno reconoció que este combustible se estaba importando y que por lo tanto los tiquetes aéreos podrían subir de precio.

Cadena que se complementa con las renuncias de José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, miembros independientes de la junta directiva, lo que podría tener serias implicaciones para la compañía, incluyendo el riesgo de perder el enlistamiento en la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Perder el enlistamiento en la NYSE es significativo para cualquier empresa y en el caso de Ecopetrol podría ocurrir si su situación continúa deteriorándose, circunstancia previsible por la constante intromisión del presidente de la República en contravía de los intereses de los socios minoritarios, como acaba de suceder.

Al respecto se sabe que la junta directiva de Ecopetrol, en mayo pasado, con siete votos a favor y dos en contra, aprobó la adquisición del 30% de los activos del proyecto Crownrock de la Occidental Petroleum Company (OXY), que se desarrolla en la cuenca de Permian, en los Estados Unidos. Este negocio permitía proyectar grandes beneficios para Ecopetrol y sus 250.000 accionistas.

Si este negocio se hubiese mantenido habría significado para la petrolera una expansión de 10% en sus reservas. Y en su producción 65.000 barriles diarios adicionales. En cuanto a las ganancias se proyectaba un 15% adicional.

A pesar de esos muy posibles beneficios Gustavo Petro, en una cuestionada injerencia desde Piedecuesta, Santander, comunicó al presidente y a los representantes del gobierno en la junta directiva su desacuerdo, por no estar la decisión tomada en línea con su pensamiento y, en cierta forma, por la utilización de la tecnología del fracking.

Los representantes del gobierno recularon y como resultado se echó para atrás la decisión ya tomada por la junta directiva, la que se había adoptado, según lo informan los dimitentes, luego de varias deliberaciones y contando con la recomendación, por unanimidad, de los Comités de Negocios y de Auditoría de Ecopetrol.

Ante esto, en salvaguarda de su nombre y prestigio y a sabiendas de que podrían quedar expuestos a contingencias y demandas en el futuro, como con seguridad lo serán quienes cedieron a la presión presidencial, José Echavarría y Luis Alberto Zuleta renunciaron.

La responsabilidad de la junta directiva en su rol de administradora de una empresa como Ecopetrol es enorme. Se trata del funcionamiento y sostenibilidad de la empresa.

La junta directiva es responsable de asegurar que la empresa esté gobernada de manera efectiva y ética. Una de las funciones más importantes es establecer la visión y dirección estratégica de la compañía. Debe velar porque la empresa mantenga prácticas financieras sólidas, revisando y aprobando presupuestos, estados financieros y otras decisiones financieras importantes. A la junta directiva le compete identificar, evaluar y mitigar los riesgos operacionales, financieros, legales, y reputacionales. Debe asegurarse de que existan controles internos eficaces y auditorías regulares para minimizar estos riesgos. En la reversión de la decisión, es claro que al no permitirse fortalecer la compañía con esta operación, se está exponiendo a futuro la empresa y seguirá su desmejora.

Mirando lo que acontece en Ecopetrol no se puede menos que recordar lo sucedido en la vecina Venezuela. La gran empresa que era PDVSA se destruyó por Hugo Chávez, quien despidió más de 18.000 empleados y redujo enormemente la producción. Esa es una de las principales y nefastas consecuencias del mal llamado socialismo del siglo XXI.

La transparencia en el manejo corporativo es fundamental como lo es también el no estar incursos en conflictos de intereses. En el caso de Roa esto no es claro. Como se recordará, Ecopetrol contrató a la firma Control Risks por instrucciones de su comité de auditoría y riesgo. Se dijo que el informe presentado era secreto, pero trascendió a los medios.

Se supo que les preocupaban las indagaciones a las que viene siendo sometido Roa por el manejo de las cuentas de la campaña presidencial de la cual fue gerente. Se investiga también un aporte, a esa misma campaña, por parte de USO, el poderoso sindicato petrolero. En el informe aparece también la compra de un apartamento al petrolero Serafino Iacono, por un precio irrisorio. Y son varios los cuestionamientos a su pareja Julián Caicedo.

Este último figura como accionista de la sociedad Windsun Energy LLC, creada el 30 de noviembre de 2023 con el objeto social de “negocios de energía”.

Una empresa que pertenece en 85% al Estado es propiedad de todos los colombianos. Esto obliga a no tener al frente de ella a un personaje tan fuertemente cuestionado. Roa, desafortunadamente y pese a señalamientos y conflictos de interés parece estar cada día más atornillado en el cargo.

Es importante recordarle a este funcionario y a los integrantes de la junta directiva que recularon que la ley 222 de 1995 en su artículo 24 es clara en indicar la responsabilidad de los administradores, dejando saber perentoriamente en el artículo 200 del Código de Comercio que “los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros”. Se agrega igualmente en dicha norma que “en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador”.

Inexplicable resulta que un gobierno que dice no contar con plata renuncie a la prosperidad y crecimiento de su mejor empresa, para, en cambio, anunciar una nueva reforma tributaria. Caos total.

* Bernardo Henao Jaramillo, Abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.