Escribe: Bernardo Henao Jaramillo*.-

¿Es más amenazadora para Petro una sociedad pensante que los criminales? Al parecer sí.

Una negociación con un grupo narco criminal como lo es el Clan del Golfo plantea asuntos fundamentales de ética y legalidad dentro de una sociedad democrática.

Todo parece indicar que la “paz total” no es para eliminar la violencia y que la sociedad colombiana pueda vivir en paz, sino que se trata de otorgar perversas prebendas a quienes han impuesto el crimen y el terror en el territorio y aún fuera de él. No otro significado puede dársele a la siguiente intervención de Petro “le gritan a Petro los ricos del país ‘Fuera Petro’. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro”.

Esta manifestación llama mucho la atención. Es un clarísimo ataque a la oposición que, sin distinción de clase, en partidos de fútbol, conciertos y otros eventos expresa su descontento con el actual gobernante. Al mismo tiempo “programa pacificación ” con el crimen organizado. Cabe preguntar ¿Es más amenazadora para Petro una sociedad pensante que los criminales? Al parecer sí, porque a la primera debe darle resultados, con los segundos cabe negociar.

Y en ese plan se halla respecto al clan del golfo también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño, Ejército gaitanista de Colombia y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organización narcoparamilitar. Su máximo jefe fue Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, hoy extraditado a los Estados Unidos.

El grupo asumió todas las actividades criminales del narcotraficante Daniel Rendón Herrera alias Don Mario. Su prontuario delictivo incluye tráfico de droga, masacres y asesinatos a la población civil y a miembros de la fuerza pública, secuestro y extorsión, atentados terroristas por medio de bombas, ataques a la comunidad civil y campesina, reclutamiento indiscriminado de menores de edad, ataques a erradicadores de coca. Por informaciones de fuentes oficiales se conoció que este grupo criminal llegó a operar en 181 municipios del territorio colombiano.

Y es precisamente a este grupo criminal al que el presidente de la República invitó a un proceso de sometimiento. El llamamiento fue aceptado por el estado mayor del Ejército gaitanista de Colombia en marzo del año en curso.

Álvaro Jiménez Millán fue designado por el gobierno coordinador para los diálogos con el Clan del Golfo y ya dio cuenta de que se encontraban en la fase de alistamiento.

Una negociación con un grupo narco criminal como lo es el Clan del Golfo plantea asuntos fundamentales de ética y legalidad dentro de una sociedad democrática. Es por esto que las negociaciones con grupos al margen de la ley son siempre controversiales y pocas veces tienen justificación.

En las democracias consolidadas existen pocos precedentes históricos que puedan avalar negociaciones directas con el crimen organizado. Generalmente este tipo de situación se da con grupos al margen de la ley que, aunque cometen delitos, tienen un trasfondo político y social que amerita los diálogos. En el caso colombiano eso es lo que ha ocurrido con la subversión y los paramilitares.

En toda democracia, la obligación principal de las autoridades es aplicar la ley y proteger a los ciudadanos. Es un claro mandato constitucional. Las negociaciones con criminales deben ser vistas como una forma de debilitar el estado de derecho, ya que envían un pésimo mensaje de que el crimen puede ser tolerado o incluso recompensado si alcanza cierto nivel de poder o influencia.

En el tema actual hay un componente o antecedente que impone averiguar ¿qué clase de compromiso pudo pactarse en el pasado en el denominado Pacto de la Picota?

Si se cree o piensa que el sometimiento del crimen organizado puede ser una forma de evitar daños mayores y que se puede enmarcar en el anhelo de paz como una salida pacífica a un conflicto con una organización criminal pronto se advertirá que es una gigantesca equivocación. Se crea un peligroso precedente y se da lugar a un ciclo de violencia y corrupción.

Se pregunta el ciudadano ¿Tiene sentido el sometimiento? En situaciones extremas, donde la persecución del crimen a través de medios convencionales ha fracasado repetidamente y se ha demostrado que las estrategias punitivas solo perpetúan el conflicto, el sometimiento podría considerarse como una alternativa. Sin embargo, esta decisión debe tomarse con extrema cautela, asegurando que haya mecanismos sólidos para prevenir la impunidad y que se trabaje en el fortalecimiento de las instituciones para evitar que esas negociaciones se conviertan en la norma.

El Clan del Golfo está motivado y movido por el narcotráfico que es uno de los grandes males de este país desde su aparición en los comienzos de la década de 1960.

Ya el país vivió la guerra de Pablo Escobar quien logró someter al estado colombiano hasta el punto de conseguir la prohibición de la extradición. Incluso se dio el lujo de tener por cárcel “La Catedral”, con toda clase de comodidades y para poder desde ahí seguir delinquiendo.

Un sector gubernamental cree que las negociaciones con el crimen organizado solo deben darse en circunstancias excepcionales, como última opción y cuando todo lo demás haya fracasado. Y siempre deben estar enfocadas en la justicia y la reparación para las víctimas. El actual sometimiento no es claro en este propósito y alcance.

El delito en toda sociedad se persigue y castiga. El levantarles las órdenes de captura a peligrosos criminales transmite un mensaje desalentador para una nación que se ha construido con esfuerzo y trabajo de sus gentes, que es a quienes se debe apoyar.

Lo que está sucediendo con estos diálogos en paralelo al desmonte de las fuerzas militares es en realidad un camino a la perdición.

Pildorita: La comunidad internacional debe rechazar contundentemente el descarado robo de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. El TSJ es un tribunal por completo sometido a Maduro y su camarilla de hampones.

* Bernardo Henao Jaramillo, Abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.