Escribe: Daniel Salazar Castellanos.-
Redes de extorsión traspasan fronteras: así golpean a pequeños y grandes comercios de LatAm (Pixabay)
De México a Colombia, la extorsión al comercio se ha convertido en un importante dolor de cabeza y lejos de controlarse, los casos aumentan en gran parte de la región con un aumento de la violencia y la internacionalización de estas redes.
El flagelo de la extorsión en Latinoamérica se ha convertido en “el día a día” de los comerciantes y la violencia en los actos delictivos cometidos por estas organizaciones, que traspasan las fronteras y se han enquistado en los distintos países como el Tren de Aragua, “se ha profundizado”, alertó en entrevista con Bloomberg Línea el presidente de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Tiendas, Kioskos, Bodegas y Almacenes (AKTB LatAm), Andrés Choy.
“En Latinoamérica, se ha profundizado la violencia en los actos delictivos, antes eran menos agresivos, en la actualidad se destruyen los comercios y se matan a los comerciantes o si tienes suerte te hieren”, indicó el ejecutivo de esa organización y además presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Y aunque los gobiernos “tratan de manera aislada de establecer políticas de seguridad”, estas “no están dando resultados” en el balance regional y cada país presenta diversas modalidades de actos delictivos.
Las principales afectaciones en LatAm recaen sobre los denominados negocios puerta a calle y los comercios ambulatorios que operan en los distintos países. Contando los principales mercados de la región, sin considerar Brasil, se calcula que existen al menos 12,9 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en LatAm, de acuerdo a un reporte del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Y según cifras oficiales, en Brasil existen cerca de 15 millones de microempresarios individuales formalizados.
“El delito de extorsión en América Latina ha tenido un impacto significativo en relación con el desarrollo de los países de la región”, dijo a este medio el PhD en la Universidad de Leipzig y profesor asociado en la Pontificia Universidad Javeriana, Luis Felipe Vega Díaz.
En términos del aumento de las violencias y los esfuerzos estatales en políticas de seguridad, agregó Vega Díaz, la repercusión sobre la gobernabilidad va en aumento, no “solo en el incremento que pueden sentir los ciudadanos respecto de la confianza en las instituciones públicas, sino que sumado a ello el costo social puede estar por el orden de los US$10.500 millones en LatAm”.
Esto, dado el incremento del gasto en la administración de las prisiones y los mecanismos de defensa judicial que deben ser garantizados en el Estado social de derecho: “La extorsión como delito introduce un costo adicional que termina siendo pagado de manera indirecta por los ciudadanos más vulnerables social y económicamente”.
Transnacionalización de las bandas criminales de la extorsión
El directivo de AKTB LatAm, de la que hacen parte distintas agremiaciones de comerciantes en Latinoamérica, dijo que “la extorsión en los comercios se ha convertido en el día a día con el que tienen que lidiar los comerciantes”.
Las redes criminales que extorsionan al comercio tienen un alcance regional y sus orígenes son variados, a la par que se está dando un fenómeno de integración con las bandas locales.
En Brasil, se contabilizaron el año pasado 3.264 notificaciones relacionadas con el delito de extorsión, lo que supuso no solo un aumento del 42% frente al año anterior, sino también la mayor cifra desde el inicio de la serie histórica hace 20 años, de acuerdo a información de la Policía Civil.
Según un reporte de agosto de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que integra a más de 36.000 empresarios que contribuyen con un 30% del PIB, un 51,3% de sus socios ha sido víctima de algún delito en el último año, incluyendo la extorsión.
El delito de la extorsión subió un escalón y ahora es la segunda modalidad que más impacta a los empresarios mexicanos, presentando un incremento del 26% al 33% en el último año, según el reporte.
En otros países como Colombia, los casos de extorsión también aumentan y se estima que el año pasado se presentaron un total de 10.560 denuncias, un 7,9% más en comparación al 2022, concluyó un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Esta organización, además, resalta que cerca de un 40% de los casos de extorsión en el país se ejecutan en las cárceles, una modalidad aplicada por organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua, que “estaría generando exigencias económicas a comerciantes que oscilan entre los COP$250.000 (unos US$49,2) y los COP$300.000 (US$73,8) semanales”.
En Perú, los casos de extorsión aumentaron a cerca de 20.000 en 2023, mientras que en 2021 solo se contabilizaron 4.119, de acuerdo con datos de la Fiscalía de la Nación, citados por la prensa local.
Y en Ecuador, según el Observatorio de Crimen Organizado de ese país (OECO), el año pasado tres de cada 10 empresas fueron extorsionadas por las bandas criminales, pero el 70% de las víctimas no denuncia por desconfianza en las instituciones.
La extorsión se extiende en Latinoamérica
La extorsión golpea “sobre todo en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, principalmente, en donde se han enquistado las mafias venezolanas como el Tren de Aragua y sus derivados, conjuntamente con los delincuentes locales o potenciando la delincuencia local”, indicó Andrés Choy.
Según el líder de esta Confederación, en el caso de Ecuador, y especialmente Guayaquil, “la delincuencia tomó la ciudad por una mezcla de bandas extrajeras, como las venezolanas y colombianas, unidas al narcotráfico”.
“Los comercios son asaltados constantemente y se roban el dinero de las ventas. También asaltan a los camiones de reparto y se generó un desgobierno al punto de que tuvo que ingresar el Ejército. En la actualidad, se han reducido estos actos de delincuencia, pero todavía se mantiene en un alto índice delictivo”, dijo.
En los casos puntuales de Colombia y Perú, explica que las modalidades de las mafias de delincuentes incluyen la extorsión mediante amenazas, el cobro de cupos para tener el comercio abierto, los prestamos gota a gota y los asaltos a los comercios.
En Chile, estas modalidades también están siendo utilizadas, pero con una mezcla de bandas de origen venezolano y peruano, expresó.
“En los demás países de la región, como Argentina y Uruguay, existe delincuencia, pero en menor proporción, con la participación de bandas de delincuentes locales y algunos rasgos de bandas extranjeras”, consideró.
En Centroamérica, se refiere a organizaciones delictivas que han extendido sus tentáculos de países como El Salvador y se mezclaron con las bandas locales, afectando a los comercios.
“El problema que hay en América Latina con la extorsión es que se ha generalizado y está creciendo cada vez más en sectores y barrios de las grandes ciudades donde se pensaba que nunca iba a llegar este flagelo. Está llegando a barrios de clases medias e incluso clases acomodadas que se pensaban salvadas de la extorsión”, complementó en entrevista el experto en seguridad ciudadana y Policía, Juan Carlos Ruiz.
Y este flagelo en muchos países de América Latina viene desde las mismas cárceles “por obra del hacinamiento, de la cantidad de reclusos, la corrupción de los sistemas penitenciarios que permiten el uso de celulares. (…) No se sabe cuál es la dimensión real en la medida en que hay muchos subregistro, hay pocas denuncias porque la gente tiene miedo precisamente de denunciar a los extorsionistas y prefiere muchas veces pagar”.
¿Cómo corregir el rumbo de la extorsión en LatAm?
Luis Felipe Vega Díaz, analista en la Pontificia Universidad Javeriana, cree que para enfrentar el fenómeno es indispensable la comprensión de que este es generado por redes multicrimen, “las cuales tienden a devenir control no solo de mercados ilegales, sino que sus intereses por el control de mercados legales, como mecanismo para el lavado de activos de las actividades criminales, viene siendo una tendencia en la región”.
En especial, apuntó, porque la extorsión puede extender sus tentáculos en los pequeños y medianos empresarios, al igual que en los comercios de tenderos de muy pequeñas comunidades o de las periferias urbanas de las grandes ciudades latinoamericanas, como un mecanismo antecedente para tener acceso a mercados legales globales, como lo tienen ya en aquellos ilegales como el narcotráfico.
“Muestra de ello, es el crecimiento exponencial de una organización como el Tren de Aragua, que no solo se dedica a la delincuencia, sino que empieza a vender su franquicia criminal por todo el subcontinente. El caso colombiano puede servir como referente para enfrentar estas estructuras criminales”, dijo.
Al respecto, señala que los Grupos Unificados para la Libertad Personal (Gaula), que son unidades de fuerzas especiales de la Fuerza Pública en Colombia, han desarrollado mecanismos de inteligencia y contrainteligencia tanto humana como tecnológica para poder intervenir, en un modelo de acción interagencial con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Los resultados, en cuanto a la complejización de las capacidades y la acción conjunta de una inteligencia interagencial, “permiten una racionalidad para la anticipación de la amenaza y la neutralización de dichas actividades delincuenciales”.
La violencia impacta a la economía
En abril, el Banco Mundial (BM) señaló que la violencia en Latinoamérica bloquea la atracción de inversiones y su crecimiento económico. Según dijo en un reporte el BM, la violencia “se ha vuelto más severa y generalizada” en algunos países de Latinoamérica, lo que está “comprometiendo los avances en la atracción de inversiones logrados por la estabilidad macroeconómica”.
El organismo expresó que Latinoamérica y el Caribe “es la región más violenta del mundo, y la única donde la violencia crece”. “A pesar de los avances encomiables en gestión macroeconómica de la región, la mayor inseguridad se vuelve un factor adicional que refuerza el descontento ciudadano y reduce el atractivo de la región como destino de las inversiones”, detalla el documento.
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