Escribe: Bernardo Henao Jaramillo*.-

Confiamos en que la Corte Constitucional en Colombia no será inferior a sus compromisos y deberes en pro del bienestar de todos los habitantes de este territorio. (Youtube)

Corresponde a la Corte Constitucional velar por la integridad de la Constitución y hacerla respetar. Ya en el gobierno de Santos implementaron ese medio de aprobación de leyes para lograr la paz y oy, lo que la experiencia nos muestra es que tenemos perdido gran parte del territorio colombiano.

A raíz de la devastadora toma del Palacio de Justicia (1985) por parte del grupo terrorista delM-19 todos los honorables magistrados que se desempeñaban como titulares de los despachos de la heroica Sala Constitucional fueron masacrados, junto con otros ilustres magistrados de las otras Salas de la Corte Suprema de Justicia. Todo por cumplir con su deber.

Inicialmente fue la ley 77 de 1989 la que concedió beneficios a los integrantes del grupo guerrillero para la puesta en marcha de la política de reconciliación, dada la terrible violencia que asolaba el país. Ventajas de las cuales el pueblo colombiano no ha obtenido provecho alguno.

En medio de todo esto surgió un movimiento estudiantil y ciudadano que se conoció como “La séptima papeleta”, que dio origen a la Asamblea Constituyente que se instaló el 5 de febrero de 1991 y de la cual surgió la Constitución Política de 1991, destacándose que en la mencionada Asamblea participó el M 19 con una numerosa representación.

En esa Carta Política se creó la Corte Constitucional, como institución de la Rama Judicial, con el objetivo principal de velar por la supremacía e integridad de la Constitución y garantizar a los ciudadanos los derechos fundamentales.

Al conmemorar sus 33 años de existencia se recordó especialmente la consagración en el artículo 86 de la Constitución de la tutela como crucial mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, resguardo que ha servido para acercar al ciudadano a la justicia, dada su informalidad y el acceso que le otorga a todas las personas.

Prueba de ello es que conforme a la publicación de la página de la Corte Constitucional en el período comprendido entre 1991 y 2024 fueron radicadas 10.357.137 tutelas y se profirieron 28.402 sentencias. Durante ese lapso de tiempo la Corte recibió 15.951 demandas de inconstitucionalidad.

Por su parte la Defensoría del Pueblo en informe de diciembre de 2022 entregó un balance de las tutelas que invocaban el derecho a la salud y reportó que entre enero y diciembre de ese año se presentaron 109.825 de estas tutelas, pero con la llegada de Petro a la presidencia las acciones de tutela por salud se incrementaron.

Los datos precedentes son significativos en punto a los reclamos que se vienen formulando por el derecho catalogado por la Corte Constitucional como fundamental, la salud; sin embargo, esa vía de protección tiende a desaparecer con las reformas introducidas por el actual gobierno, en tanto que difícilmente las personas conocerán contra quién deben dirigir la acción. Consideremos, entonces, qué podrá suceder con el desmonte gradual de las EPS que han caído como fichas de dominó (chu chu chu, dijo Petro).

¿Cuáles serán los nuevos guarismos? Un adelanto nos lo da lo sucedido con la salud de los maestros. Confiamos en que la Corte Constitucional no será inferior a sus compromisos y deberes en pro del bienestar de todos los habitantes de este territorio.

Es posible aventurarse a decir que sin las EPS y sin tener la Nueva EPS capacidad para atender a todos los pacientes que le llegarían, existe un riesgo inminente de que desaparezca para un gran número de colombianos el esencial servicio de salud. Y la acción de tutela, de poderse proponer, desbordaría al aparato judicial por lo que no podrá salvaguardar los derechos de estos ciudadanos.

Y por ese camino se empieza de facto a “reformar” la Constitución para dejarla a la medida del primer mandatario. ¿Dictadura?

Por ello nos parece muy plausible la iniciativa de rechazo a la Constituyente que un destacado grupo de ciudadanos apoya, pero uno se queda pensando: ¿de qué Constituyente se trata? ¿La que dejó conocer Juan Fernando Cristo cuando fue designado ministro o la que el gobierno (desgobierno) viene anunciando con los 9 puntos que jamás requerirán reforma constitucional? En medio de esa incertidumbre se complicó aún más el tema al dejar conocer ante la ONU que acudirá al Fast Track.

Corresponde a la Corte Constitucional velar por la integridad de la Constitución y hacerla respetar. Ya en el gobierno de Santos implementaron ese medio de aprobación de leyes para lograr la paz y hoy, lo que la experiencia nos muestra es que tenemos perdido gran parte del territorio colombiano.

El presidente ha propuesto diez puntos claves para el “Fast Track”, entre los cuales se destacan el perdón social, la cobertura universal en educación, salud y pensiones, la reforma agraria, la reforma a la justicia y la política, y la adaptación a la crisis climática. Petro considera que esta constituyente es necesaria para “llevar a canon constitucional el Acuerdo Nacional que no se contempló en 1991”

Resulta extraño que se trate de temas de sensible relevancia para el pueblo colombiano decente y que el mandatario se refiera únicamente a que se requieren para la implementación del acuerdo con las farc. No pone ni la menor atención a los incumplimientos del grupo guerrillero a ese mismo acuerdo en cuanto a temas como minas quiebrapatas, reclutamiento de menores, extorsión, secuestros y firmantes del acuerdo engrosando las “disidencias”. Hemos sido excesivamente tolerantes con todos los procesos que se dice son de paz y los beneficiarios de ellos se dedican a acabar con nuestro país.

Hay que esperar para ver en qué desemboca todo este desorden institucional con el cual, es obvio, se quiere distraer a los colombianos y a las entidades internacionales de los graves asuntos que afectan al desgobierno y tapar el trámite de la indignidad de Petro por la violación de los topes de la pasada campaña electoral.

Confiamos que la Corte Constitucional para celebrar sus 33 años administrará justicia en nombre del Pueblo Colombiano.

* Bernardo Henao Jaramillo, Abogado y presidente de la asociación Únete por Colombia.

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