Escribe: Oriana Rivas*.-
Un tanque tiró las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia e ingresó a las 3:51 de la tarde, hora local, lo que fue calificado por el gobierno como un intento de golpe de Estado. (EFE)
El levantamiento fue breve y los militares que se rebelaron se retiraron de la plaza Murillo, ubicada en la sede de gobierno de Bolivia, luego de que el presidente Luis Arce juramentara a un nuevo alto mando militar. Tanto Evo Morales como su sucesor rechazaron la insurrección que fue dirigida por el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga.
Un tanque de guerra tirando abajo la puerta del palacio presidencial de Bolivia es la escena que dio la vuelta al mundo y que llevó al mandatario Luis Arce a denunciar un intento de golpe de Estado en su contra. “No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas”, dijo en un breve y urgente mensaje televisado en el que además convocó a “movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia”.
La cara visible del intento de golpe de Estado es el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, quien previamente había amenazado con tomar la sede del gobierno en Bolivia y cambiar el gabinete. Posteriormente aseguró en declaraciones a la prensa, acompañado de militares encapuchados, que “restablecerá” la “verdadera democracia y no la de unos cuantos” y exigió la inmediata “liberación de presos políticos” como “militares y coroneles”, además de Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, y Jeanine Áñez, quien fuera presidente interina del país luego de la salida de Evo Morales del poder en 2019 tras comprobarse fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año.
Sin embargo, el levantamiento fue breve y los militares que se rebelaron se retiraron de la plaza Murillo, ubicada frente a la sede de gobierno en Bolivia, luego de que Arce juramentara a un nuevo alto mando militar, el cual ordenó a los oficiales volver a los cuarteles. Mientras el mandatario denunciaba este intento de golpe de Estado en Bolivia, el expresidente Evo Morales se unía a la denuncia de ruptura del orden constitucional, luego de que se conociera un despliegue “irregular” de tanques y militares fuertemente armados frente a la sede de gobierno en la ciudad de La Paz.
Condena internacional
Desde la Organización de Estados Americanos (OEA) aseguraron que no tolerarán “ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia”, según dijo su secretario general, Luis Almagro. La Unión Europea se sumó al repudio internacional contra el intento de rebelión.
“La Unión Europea condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano”, escribió en X Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
¿Hay sectores políticos detrás?
Mientras Luis Arce le tomaba juramento a la nueva cúpula militar y al general José Wilson Sánchez como nuevo comandante general, los gobiernos de Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Brasil, Chile, Colombia y España emitían comunicados rechazando la violencia que se originó en la plaza Murillo y que tanto Luis Arce como Evo Morales calificaron como golpe de Estado, lo que generó mayor confusión debido al distanciamiento político entre ambos que se ha convertido incluso en una férrea rivalidad por el poder dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). Desde Estados Unidos aseguraron que “siguen de cerca” la situación.
Así como el expresidente Evo Morales denunció el intento de golpe de Estado en Bolivia, las dictaduras izquierdistas de la región, Cuba y Venezuela, también se sumaron a la condena, descartando así la posibilidad de que Morales estuviera detrás de la rebelión. Además, la presidente de Honduras, Xiomara Castro, convocó a una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) “para condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia”.
Las circunstancias detrás de este levantamiento siguen siendo poco claras luego de la retirada de los militares. Será el destituido comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, quien por ahora deba rendir cuentas a la Justicia. ¿Hubo vinculación con sectores políticos? Aún se desconoce.
* Oriana Rivas, Periodista venezolana radicada en Buenos Aires. Investigación para las fuentes
de política y economía. Especialista en plataformas digitales y redes sociales.